El expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, recibió una condena de seis años y tres meses de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el caso conocido como “Petrocontratos”. Otros tres exfuncionarios fueron sentenciados a cinco años de reclusión.
Después de dos décadas de iniciado el juicio de responsabilidades, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en Sala Plena, dictó sentencia contra el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada y tres de sus colaboradores: Jorge Joaquín Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga. Según la Procuraduría General del Estado (PGE), las penas deberán cumplirse en el Centro Penitenciario San Pedro de Chonchocoro, en La Paz.
El caso giró en torno a la no remisión de 107 contratos de riesgo compartido al Órgano Legislativo para su análisis y aprobación, como lo exigía la normativa legal vigente en ese entonces. Además de las penas privativas de libertad, los condenados fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el mismo tiempo de sus sentencias y deberán pagar multas y costas a favor del Estado.
El proceso, que fue impulsado por el Ministerio Público, el Ministerio de Hidrocarburos, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, y la PGE, inició formalmente en 2005 con una denuncia presentada por Evo Morales, en ese momento diputado. Sin embargo, las investigaciones comenzaron en 2011, prolongando el juicio por más de una década.
El fiscal general, Roger Mariaca, calificó el proceso como “muy largo” y adelantó que analizarán la sentencia completa para determinar si corresponde presentar recursos de impugnación.
Esta decisión marca un hito en la búsqueda de justicia por uno de los casos más emblemáticos de responsabilidad política en Bolivia.