El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que no existe intención de estigmatizar al sector productivo e industrial. Propuso desarrollar en conjunto con los productores la reglamentación de la disposición adicional del Presupuesto General del Estado 2025, que establece controles para evitar la especulación alimentaria y permite confiscaciones.
El Gobierno, a través del ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ofreció a los productores y a la industria trabajar de manera conjunta en la reglamentación de la disposición adicional séptima del PGE 2025, que permite controles más estrictos contra la especulación alimentaria.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Cámara Nacional de Industrias (CNI) criticaron esta medida, calificándola como discrecional y represiva, ya que habilita a las entidades públicas a confiscar productos incluso a industrias legalmente establecidas. Sin embargo, Montenegro aclaró que esta normativa responde a pedidos de varias regiones para controlar el contrabando y el acaparamiento.
Montenegro señaló que la disposición no busca afectar al sector, sino evitar abusos de intermediarios que podrían perjudicar la economía y el acceso a alimentos esenciales. “Se necesita normativa con rango de ley para controlar estas prácticas,” indicó el ministro.
Asimismo, el Gobierno planteó una solución conjunta con los sectores implicados, asegurando que la reglamentación será trabajada de manera colaborativa para establecer un marco operativo justo y efectivo.