Un juez de La Paz dictó por cuarta ocasión la detención preventiva sin plazo definido para el exministro de Gobierno Arturo Murillo, acusado de legitimación de ganancias ilícitas vinculadas a su gestión durante el gobierno de Jeanine Áñez. La Fiscalía presentó pruebas que evidencian riesgo de fuga y posibles obstrucciones a la investigación.
Por cuarta vez, un juez en La Paz decidió mantener en detención preventiva indefinida al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, quien enfrenta cargos por legitimación de ganancias ilícitas obtenidas durante su gestión en la administración de Jeanine Áñez. Murillo se encuentra recluido en el penal de San Pedro.
La fiscal anticorrupción María René Delgado confirmó la resolución del Juzgado de Sentencia 6 de La Paz, fundamentada en pruebas que demuestran un riesgo latente de fuga y la posibilidad de entorpecer el proceso judicial, según lo estipulado en el Código de Procedimiento Penal.
Durante la audiencia, se reveló que Murillo recibió dinero producto de intermediaciones en contratos para la compra de gases lacrimógenos en los años 2019 y 2020, fondos que fueron resguardados en múltiples cajas de seguridad con la intención de blanquear recursos obtenidos de forma irregular. Además, el exministro habría utilizado a familiares y antiguos colaboradores para adquirir bienes inmuebles y así darle apariencia legal a su fortuna.
Esta es la cuarta orden de detención preventiva dictada contra Murillo en diferentes procesos judiciales. La primera fue emitida el 6 de septiembre en el caso “gases Brasil”, seguida por una detención de seis meses el 7 de septiembre por el caso “catering”, y el 10 de septiembre se ordenó detención sin plazo por el caso “gases Ecuador”. En todos estos procesos, Murillo permanece en la cárcel de San Pedro.
El exministro está también procesado por delitos relacionados con tráfico ilícito de armas y uso indebido de armas no convencionales, vinculados a la adquisición de material antidisturbios traído desde Ecuador en 2019 en medio de una crisis política. Actualmente, la medida de detención preventiva está siendo evaluada por el sistema judicial debido a un posible abuso en su aplicación.
