Con 122 votos a favor, el Congreso peruano cesó de manera exprés a la presidenta Dina Boluarte, acusándola de «incapacidad moral permanente» frente al aumento de la inseguridad y el crimen organizado. El presidente del Congreso, José Jerí, asume la jefatura del Estado de forma interina.
En una sorpresiva y rápida maniobra política, el Congreso de Perú aprobó anoche la destitución de la presidenta Dina Boluarte, acusándola de “incapacidad moral permanente” para gobernar. La moción de vacancia fue respaldada por 122 parlamentarios de un total de 130, superando con creces el mínimo de 87 votos necesarios.
La decisión se tomó luego de que se acumularan, de forma inesperada, cuatro mociones de destitución en su contra, centradas en su falta de acción frente al auge del crimen organizado y la inseguridad ciudadana. Boluarte no se presentó en el hemiciclo para ejercer su defensa, lo que aceleró el proceso de vacancia.
Al no existir vicepresidentes en funciones, la Constitución peruana establece que el presidente del Congreso asuma la jefatura del Estado. En este caso, el cargo recae sobre José Jerí, legislador de tendencia derechista, quien juró como presidente interino hasta la celebración de las elecciones generales previstas para abril de 2026.
Boluarte, quien asumió el poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, finaliza un mandato marcado por crisis políticas, protestas, acusaciones de corrupción y una histórica desaprobación ciudadana que, según encuestas recientes, apenas llegaba al 3 %.
La caída de Boluarte también refleja el quiebre definitivo con los partidos de derecha que la sostuvieron en el poder tras abandonar el proyecto político de su antecesor. Muchos de estos grupos ahora apuestan por posicionarse de cara a las elecciones presidenciales.
Los abogados de la mandataria denunciaron irregularidades en el proceso y cuestionaron la falta de garantías legales, afirmando que no se respetaron los principios mínimos del debido proceso.
Con esta destitución, Perú suma su séptimo presidente en menos de una década, acentuando aún más la crisis institucional que atraviesa el país.
