La exdiputada del MAS, Lidia Patty, es indagada por presuntas irregularidades vinculadas al millonario daño económico al Fondo Indígena. La Fiscalía Anticorrupción activó nuevas diligencias y exige un informe en un plazo máximo de cinco días.
El Ministerio Público inició una investigación penal contra la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty Mullisaca, por su presunta participación en el desfalco millonario al Fondo de Desarrollo Indígena (FDI). La Fiscalía Especializada Anticorrupción solicitó la designación de un investigador para avanzar en las actuaciones pendientes del caso.
De acuerdo con el requerimiento emitido el 17 de noviembre, Patty es indagada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos y conducta antieconómica. La denuncia formal fue presentada por el Fondo Indígena.
El fiscal Miguel Cardozo, asignado a la causa, instruyó al investigador continuar con las diligencias “con la máxima diligencia”, según información difundida por la agencia ABI. El funcionario deberá presentar un informe detallado en un plazo de cinco días, con el recordatorio de que los tiempos procesales en materia penal son estrictos e inaplazables.
El documento fiscal detalla que el personal encargado deberá ejecutar todos los requerimientos necesarios para esclarecer el rol de Patty y otros implicados, bajo responsabilidad funcionaria.
El proceso del Fondo Indígena volvió al centro de la polémica luego de que se recordara que Patty, denunciante del caso «golpe de Estado», recibió 1,5 millones de bolivianos del Fondioc para dos proyectos productivos en la provincia Bautista Saavedra de La Paz. En 2021 admitió que estas iniciativas no fueron concluidas, responsabilizando a exdirectores de la institución.
En julio de 2025, a más de una década de revelarse el escándalo del Fondo Indígena, la Fiscalía presentó la acusación formal contra 15 exfuncionarios y dirigentes, quienes enfrentan posibles penas de hasta ocho años de prisión. El caso se originó en 2015, cuando la Contraloría identificó 153 proyectos no ejecutados que generaron un daño económico de 71 millones de bolivianos.
Entre los acusados figura la exministra Nemesia Achacollo, quien ya cumplió detención preventiva por este mismo proceso. El tema continúa generando controversia por la implicación de dirigentes afines al MAS que, según las investigaciones, recibieron recursos sin ejecutar las obras comprometidas.
