La Fiscalía abrió una investigación contra la ex presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, por un presunto daño económico superior a los 10 millones de bolivianos en la compra del terreno y la construcción del edificio regional de Tarija.
La Fiscalía indaga a la ex presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, por un supuesto caso de corrupción vinculado a la construcción del edificio regional de la institución en Tarija, que habría generado un daño económico preliminar estimado en más de 10 millones de bolivianos.
La denuncia fue presentada por el Viceministerio de Transparencia, cuyo titular, Yamil García, informó que Serrudo es investigada por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, debido a presuntas irregularidades en la adquisición del terreno y en la ejecución de la obra.
De acuerdo con la autoridad, el caso tiene dos “vertientes”. La primera está relacionada con la compra del terreno, donde se presentaron dos ofertas económicas: una de 1,8 millones de bolivianos y otra de 2,7 millones. Pese a la diferencia de casi un millón de bolivianos, la Aduana adjudicó el predio con la propuesta más alta, a pesar de que —según Transparencia— no cumplía con las condiciones técnicas ni registrales necesarias.
García explicó que este proceso se originó durante la gestión de Evo Morales, cuando la Aduana estaba dirigida por Marlene Ardaya. La adquisición del terreno se remonta al año 2017, aunque la transferencia se concretó recién en diciembre de 2019, y la contratación formal se realizó en 2024.
La segunda vertiente del caso está vinculada a la construcción del edificio, cuyo costo inicial estimado era de aproximadamente 23 millones de bolivianos. Según el Viceministerio, el precio por metro cuadrado al inicio del proyecto era de alrededor de 300 dólares; sin embargo, la obra fue adjudicada con un valor cercano a los 1.000 dólares por metro cuadrado.
Este incremento habría generado un sobreprecio que supera los 9 millones de bolivianos, lo que refuerza las sospechas de una conducta antieconómica en el proceso de contratación.
Además de Serrudo, la denuncia también alcanza a los representantes legales de los propietarios del terreno y a la asociación accidental Guadalquivir, responsable de la ejecución de la obra, quienes deberán responder ante el Ministerio Público por su presunta participación en los hechos.
