El comandante de la Policía, Mirko Sokol, afirmó que el retraso de casi una semana en conocer el caso provocó la pérdida de elementos fundamentales para una investigación más completa sobre el ingreso de 32 maletas con droga al país.

El comandante general de la Policía Boliviana, Mirko Sokol, informó que en el denominado caso “Maletas” se perdieron varios elementos de prueba debido al tiempo transcurrido antes de que se activara la investigación formal.

Sokol señaló que, aunque la institución realiza un trabajo técnico y minucioso, el retraso en la detección del hecho limitó la posibilidad de recolectar evidencias determinantes. Según explicó, desde el ingreso de las maletas al país, el 29 de noviembre, hasta que la Policía tuvo conocimiento del caso, pasó cerca de una semana.

“El tiempo es clave en este tipo de investigaciones. En una semana esas maletas podían haber recorrido el mundo”, cuestionó la autoridad policial, al remarcar que muchos indicios se perdieron durante ese lapso.Pese a estas limitaciones, Sokol aseguró que se lograron avances importantes, como personas aprehendidas y una reconstrucción parcial de lo ocurrido. No obstante, reconoció que aún existen vacíos que deberán ser aclarados en los próximos días.

Además, indicó que el personal del aeropuerto internacional de Viru Viru encargado de recibir el equipaje deberá explicar por qué se demoró tanto en alertar sobre el caso.

El proceso se refiere al ingreso de 32 valijas por parte de la exdiputada Laura Rojas, quien arribó a Santa Cruz en un vuelo chárter procedente de Estados Unidos. La exlegisladora presentó un pasaporte diplomático que, de acuerdo con la Cancillería, había sido cancelado días antes, lo que le permitió evadir controles aduaneros.

Posteriormente, las maletas fueron trasladadas a un galpón administrado por una empresa de seguridad, donde el 20 de enero un operativo antidrogas halló 79 kilos de marihuana.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, informó que el Ejecutivo conocía el caso antes de que se hiciera público, pero decidió manejarlo con reserva para no afectar las investigaciones. En la misma línea, el fiscal general Roger Mariaca indicó que el Ministerio Público tuvo conocimiento del hecho el 19 de enero.

Entre los implicados figuran Laura Rojas, con detención preventiva; el juez Herbert Zeballos, socio de la empresa de seguridad; un guardia de seguridad y otros socios vinculados al galpón, además de funcionarios de Aduana que fueron destituidos tras el escándalo.