El Gobierno nacional aseguró que la Ley 1720 aún no está en vigencia y anunció un proceso de diálogo con regiones, productores, campesinos e indígenas para redefinir el rumbo de la norma en medio de protestas y tensiones por el tema tierras.

La controversia en torno a la Ley 1720 continúa generando tensión política y productiva en Bolivia. Mientras sectores campesinos e indígenas mantienen protestas y bloqueos exigiendo la abrogación de la norma, organizaciones agropecuarias respaldan su permanencia y advierten con futuras medidas de presión.

En este escenario, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Óscar Mario Justiniano, afirmó que el Gobierno apuesta por el diálogo y descartó cualquier imposición desde el nivel central respecto a la administración de tierras.

Según la autoridad, el objetivo principal de la ley es otorgar mayor libertad a los pequeños productores para decidir sobre su crecimiento y desarrollo productivo. Sin embargo, aclaró que el debate debe ampliarse hacia una discusión más profunda sobre competencias regionales y gestión territorial.

Justiniano explicó que la Ley 1720 todavía no cuenta con reglamentación, por lo que aún no se encuentra en vigencia. Además, recordó que el proyecto fue impulsado inicialmente en la Asamblea Legislativa y no desde el Ejecutivo.

El ministro señaló que la normativa fue elaborada en un contexto político distinto al actual y aseguró que el país atraviesa una nueva etapa donde las decisiones deben construirse mediante consensos regionales y participación de gobernaciones, alcaldías y sectores productivos.

El Gobierno también planteó fortalecer espacios departamentales como las Comisiones Agrarias y los Planes de Uso del Suelo (PLUS), argumentando que las realidades productivas son diferentes entre regiones del occidente y oriente del país.

Asimismo, confirmó que la norma fue remitida a la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa, instancia que analizará posibles modificaciones, ajustes o incluso un cambio total en el rumbo legislativo de la ley.

La polémica alrededor de la Ley 1720 se convirtió en uno de los primeros conflictos de alcance nacional que enfrenta la administración del presidente Rodrigo Paz Pereira, debido a sus implicaciones en la producción agropecuaria, la propiedad de la tierra y la gobernabilidad regional.