El presidente Rodrigo Paz anunció el envío a la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley para reglamentar los estados de excepción con enfoque en acciones humanitarias. La propuesta surge en medio de los bloqueos y problemas de abastecimiento que afectan a distintas regiones del país.

En un contexto marcado por bloqueos y dificultades en el suministro de productos, el presidente Rodrigo Paz informó que su Gobierno presentó ante la Asamblea Legislativa un proyecto de ley destinado a reglamentar los estados de excepción.

El anuncio fue realizado tras la posesión del nuevo ministro de Defensa. Según explicó el mandatario, la iniciativa busca fortalecer el trabajo de las instituciones del Estado, especialmente de las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, para ejecutar acciones humanitarias en situaciones de emergencia.

Paz sostuvo que la medida responde a las demandas de la población de La Paz y El Alto, que exige una solución a los bloqueos que afectan la circulación y el abastecimiento.

A pesar de reiterar su convocatoria al diálogo como mecanismo para resolver el conflicto, el jefe de Estado aseguró que el país enfrenta un momento decisivo. En ese marco, calificó la actual coyuntura como “la batalla de todas las batallas”, al considerar que está en juego el fortalecimiento institucional y la lucha contra diversos delitos.

El mandatario afirmó que el objetivo es consolidar un Estado con instituciones fortalecidas, libre de corrupción y con acciones más firmes contra actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando y otros delitos.

Asimismo, expresó su confianza en las Fuerzas Armadas, la Policía y las instituciones estatales para enfrentar la situación y manifestó su expectativa de que el proyecto sea tratado y aprobado en el Legislativo en el menor tiempo posible.

Durante su intervención, Paz también denunció que las movilizaciones tendrían origen en el Chapare y aseguró que existirían recursos vinculados al narcotráfico detrás de estas acciones. Además, señaló que el país enfrenta una campaña de desinformación y difusión de contenido falso que, según dijo, estaría siendo promovida tanto desde Bolivia como desde el exterior.

El proyecto de ley será ahora considerado por la Asamblea Legislativa, donde deberá seguir el procedimiento correspondiente para su debate y eventual aprobación.