El presidente Rodrigo Paz lanzó una dura advertencia contra grupos que calificó como vinculados al “narcoterrorismo” durante la promulgación de la ley que regula los estados de excepción. El mandatario aseguró que el Gobierno mantendrá el diálogo, pero afirmó que no permitirá acciones violentas que pongan en riesgo la democracia y la estabilidad del país.

El presidente Rodrigo Paz aseguró este lunes que el Gobierno actuará con firmeza frente a grupos que, según denunció, están relacionados con actividades de “narcoterrorismo” y que habrían infiltrado las protestas y bloqueos que afectan al país desde hace más de cinco semanas.

Las declaraciones fueron realizadas durante la promulgación de la ley que regula los estados de excepción, acto desarrollado en la Casa Grande del Pueblo, donde el mandatario reiteró que su administración mantiene abiertas las puertas al diálogo, aunque advirtió que no tolerará hechos de violencia.

“Así como cayó Sebastián Marset, sus días están contados”, afirmó Paz al referirse a quienes considera responsables de financiar o promover acciones que afectan el orden público.

El jefe de Estado sostuvo que los recientes conflictos han evidenciado la presencia de grupos violentos que operan al margen de las demandas legítimas de diversos sectores sociales. Asimismo, cuestionó que efectivos policiales hayan sido atacados con armas de fuego durante operativos de desbloqueo realizados en distintas regiones del país.

Paz señaló que existen intereses ajenos a las reivindicaciones de trabajadores, campesinos, gremiales, transportistas y movimientos originarios, y afirmó que ninguna persona o grupo puede situarse por encima de la Constitución y las leyes.

Durante su intervención también expresó preocupación por la presencia de movilizados provenientes del Chapare en ciudades como La Paz y El Alto, aunque aclaró que sus observaciones estaban dirigidas a sectores que, según denunció, mantienen vínculos con actividades ilícitas y no a la totalidad de la población de esa región.

El mandatario recordó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos y anunció que la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas ejecutarán los planes previstos dentro del marco legal establecido por la nueva normativa y respetando los derechos humanos.

Además, informó sobre medidas económicas destinadas a mitigar el impacto de los bloqueos, entre ellas la reprogramación de deudas para sectores afectados, la creación de un fondo de garantía para el transporte y la reducción del 50% de los salarios del Presidente y sus ministros, recursos que serán destinados a pacientes con cáncer y enfermedades renales.

Mientras se desarrollaba el acto oficial, diversos sectores participaron en una marcha en la ciudad de La Paz exigiendo soluciones a la crisis y la normalización de las actividades económicas en el país.

Paz insistió en que su gobierno continuará apostando por el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos, pero reiteró que actuará contra cualquier grupo que recurra a la violencia o pretenda desestabilizar el orden democrático.