Luego de que la Fiscalía admitiera una denuncia penal presentada por el Comité pro Santa Cruz por los 53 días de bloqueos, Evo Morales rechazó las acusaciones, aseguró que el proceso tiene un trasfondo político y comparó el caso con otras protestas que, según dijo, no derivaron en acciones judiciales.

El expresidente Evo Morales se pronunció este miércoles desde el trópico de Cochabamba tras conocerse que la Fiscalía admitió la denuncia penal presentada por el Comité pro Santa Cruz en su contra, junto a Vicente Salazar y Mario Argollo, por los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio de este año.

Durante una conferencia de prensa, Morales cuestionó que la investigación avance en este caso y recordó otras movilizaciones ocurridas en años anteriores. Mencionó los conflictos de 2019 y el paro de 36 días en Santa Cruz durante 2022, señalando que, a su criterio, no existió el mismo tratamiento judicial.

El líder cocalero sostuvo que el origen de las movilizaciones fue la promulgación de la Ley 1720, normativa que, según afirmó, generó preocupación en distintos sectores por cambios relacionados con la propiedad de la tierra.

Asimismo, aseguró que en el trópico de Cochabamba no existió una determinación inicial para instalar bloqueos de carreteras y reiteró que la denuncia presentada en su contra responde a intereses políticos.

Los bloqueos se extendieron durante 53 días y provocaron graves afectaciones en el abastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos, principalmente en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Oruro. Durante ese periodo también se reportaron personas fallecidas debido a la imposibilidad de acceder oportunamente a centros de salud y por accidentes ocurridos en rutas alternas.

Aunque posteriormente se alcanzaron acuerdos para levantar las medidas de presión en algunos sectores, los bloqueos continuaron en el trópico de Cochabamba hasta que Morales anunció un cuarto intermedio, aclarando que la decisión no significaba el fin de las movilizaciones.