El presidente Rodrigo Paz confirmó el pago del programa PEPE II para evitar mayores perjuicios a los sectores más vulnerables por el encarecimiento de los carburantes.
El precio del diésel en Bolivia subió a 17,95 bolivianos por litro para todos los consumidores, según el Decreto Supremo 5716 aprobado por el Gobierno, que pone fin a la subvención a este carburante.
El nuevo valor reemplaza al precio subvencionado de 9,80 por litro y estará vinculado al comportamiento del mercado internacional. El decreto establece una fórmula para determinar el precio, que incluye variables como el costo internacional del combustible, transporte, almacenaje y tributos aduaneros.
El presidente Rodrigo Paz explicó que, si el precio internacional del combustible disminuye, el precio interno también podrá bajar y confirmó una serie de medidas complementarias para ayudar a loso sectores más afectados por el incremento.
El Gobierno presentó un paquete de medidas destinadas a reducir el impacto de la nueva política de combustibles. El Presidente anunció el Bono PEPE II para unos 2,9 millones de personas, con una inversión prevista de 874 millones millones de bolivianos, además de hasta 800 millones en créditos preferenciales con una tasa cercana al 6% para transportistas de carga pesada, gremiales, artesanos, comerciantes minoristas y productores.
Paz también anunció el incremento del Bono Juancito Pinto, mayor flexibilidad para créditos de vivienda y producción, apoyo financiero a municipios y gobernaciones, eliminación de impuestos de importación para determinados bienes productivos y una ampliación de 120 días del denominado perdonazo tributario.
El Gbierno aprobó el Decreto Supremo 5713, que establece el Bono PEPE II como una transferencia monetaria extraordinaria y temporal para sectores definidos como vulnerables. El beneficio será de 250 bolivianos por pago bimensual, con una duración de seis meses y un máximo acumulado de 750 bolivianos por beneficiario.
Los pagos están previstos entre noviembre de 2026 y abril de 2027. Al menos 2,9 millones de personas accederán al beneficio. Entre los posibles beneficiarios están gestantes inscritas en el Bono Juana Azurduy, personas con discapacidad visual, personas con discapacidad grave o muy grave, favorecidos de la Renta Dignidad sin una pensión de seguridad social, padres de estudiantes de unidades educativas fiscales y de convenio y niños, adolescentes y jóvenes de determinados centros de acogida.
