Frente a la crisis económica reflejada en la última encuesta de Ipsos, expertos anticipan que el nuevo Gobierno deberá aplicar medidas fiscales severas, acudir al FMI y reformar el modelo económico vigente, sin dejar de lado la protección social.
Luego de que la encuesta de Ipsos Ciesmori, encargada por la red Unitel, revelara que la inflación y la corrupción encabezan las preocupaciones de los bolivianos, analistas coinciden en que el próximo Gobierno deberá aplicar un paquete de medidas económicas duras para estabilizar la economía.
Según el sondeo, el 47% de los encuestados considera la inflación como el principal problema del país, seguido por la corrupción (44%), la falta de combustibles (41%) y la escasez de dólares (40%). Estos datos reflejan una percepción ciudadana crítica sobre el rumbo económico y una demanda clara de soluciones urgentes.
Luis Fernando Romero, presidente del Colegio de Economistas de Tarija, advirtió que los problemas mencionados por la población tienen una raíz común: el elevado gasto público que ha generado un déficit fiscal persistente y la escasez de divisas. “Es ahí donde tendrá que atacar el nuevo Gobierno, tratando de hacer ajustes, equilibrar las finanzas estatales y buscar un equilibrio fiscal, lo cual no será fácil”, explicó.
Romero también subrayó que la nueva administración necesitará mayoría en la Asamblea Legislativa, capacidad de diálogo con la oposición y acuerdos con sectores sociales para implementar las reformas necesarias.
Por su parte, el economista Alberto Bonadona fue enfático en que el país no tiene otra opción que recurrir al endeudamiento externo, especialmente al Fondo Monetario Internacional (FMI). Estimó que se requerirán al menos 6.000 millones de dólares para enfrentar la crisis de balanza de pagos y el desplome de las Reservas Internacionales Netas (RIN).
“Un acuerdo con el FMI exigirá revisar el modelo económico social-comunitario impulsado por el MAS, responsable del incremento del déficit y la deuda interna”, señaló Bonadona, quien también apuntó que cualquier préstamo implicará compromisos de política económica estructural.
Ambos expertos coincidieron en que se deberá revisar el tipo de cambio, levantar la subvención a los carburantes y reducir el gasto público, aunque sin descuidar a las poblaciones vulnerables. En ese sentido, el FMI recomienda que parte del crédito externo sirva para fortalecer programas sociales como la Renta Dignidad.
Bonadona recordó que algunos candidatos, como Tuto Quiroga, ya han manifestado en sus propuestas la necesidad de recurrir al FMI, pero advirtió que los recursos sólo se canalizarán si hay un compromiso claro sobre el rumbo económico que se adoptará tras las elecciones.
