El presidente de Control Social de El Alto presentó una denuncia penal contra Edwin Rojas y Marcelo Montenegro, acusándolos de ocasionar una pérdida de $us 800 millones al país por operaciones anticipadas con el oro de las reservas internacionales.
Este jueves, el presidente de Control Social de El Alto, Gregorio Gómez, formalizó una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, por presuntas irregularidades en la venta anticipada del oro de las reservas internacionales.
Según la denuncia, dichas operaciones habrían causado al Estado una pérdida aproximada de 800 millones de dólares. Gómez calificó la situación como “un desfalco al país” y exigió que se esclarezcan los movimientos del BCB respecto a 22,7 toneladas de oro, supuestamente comprometidas en contratos internacionales.
“Pedimos transparencia. ¿Dónde están esas toneladas? ¿Dónde está el dinero?”, reclamó Gómez. Aclaró además que, de no admitirse la denuncia, sospecharán de complicidad por parte del Ministerio Público.
Por su parte, el abogado Kurmi Rocha, que acompaña la denuncia, detalló que los delitos imputados incluyen: conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros.
El jurista señaló que la Ley 1503 obliga al BCB a mantener 22 toneladas de oro en bóveda. Sin embargo, se presume que al menos 8,4 toneladas han sido pignoradas en seis bancos internacionales, a cambio de un adelanto de $us 828 millones que, según indicó, fueron utilizados para el pago de combustible e importaciones.
Esta denuncia fue presentada por segunda vez, luego de que una fiscal rechazara el primer intento. Ahora se aguarda la admisión del caso por parte del Ministerio Público.
Antecedentes
El gerente de operaciones internacionales del BCB, Oswaldo Quelali, admitió el 11 de septiembre que se realizaron tres contratos a futuro en lo que va de 2025, comprometiendo 8,4 toneladas de oro. Según sus declaraciones, esas operaciones generaron ingresos millonarios para cubrir el pago de combustibles y deuda externa.
Un día antes, el ministro Montenegro confirmó las operaciones, pero afirmó que se enmarcaron en la normativa vigente y cuentan con respaldo legal.
Hasta el momento, ni Rojas ni Montenegro han emitido declaraciones oficiales sobre la demanda.
