El Gobierno nacional anunció la eliminación de 161 decretos supremos que permitían la contratación directa en el Estado, una normativa que había sido impulsada en gestiones anteriores. La medida busca modificar el esquema de adquisiciones públicas vigente.

El Gobierno de Bolivia determinó la derogación de 161 decretos supremos que autorizaban la contratación directa en distintas entidades del Estado, una disposición que había sido aplicada en administraciones anteriores.

La decisión fue asumida como parte de una revisión normativa orientada a reorganizar los procesos de contratación pública, con el objetivo de ajustar los mecanismos utilizados por las instituciones estatales para la adquisición de bienes y servicios.

Según la información oficial, estos decretos permitían la contratación directa en determinados casos, un modelo que fue implementado en gestiones previas y que ahora queda sin efecto tras la nueva determinación gubernamental.

Con esta medida, el Ejecutivo busca redefinir el marco legal que regula las compras estatales, en un contexto de evaluación de normas vigentes relacionadas con la administración pública y el uso de recursos del Estado.

La eliminación de estos decretos implica un cambio en los procedimientos establecidos para las contrataciones públicas, que deberán regirse por la normativa vigente tras esta actualización legal.