El Gobierno alertó que la situación financiera de varias empresas públicas es insostenible y confirmó que Quipus y la Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA) se encuentran en quiebra técnica, por lo que deberán cerrarse. Otras tres estatales también registran severos problemas económicos y serán auditadas.

El director de la Oficina Técnica del Fortalecimiento a la Empresa Pública, Pablo Camacho, informó que tras una primera evaluación se identificaron empresas estatales cuya situación financiera ya no permite su continuidad. Entre los casos más graves se encuentran Quipus y EASBA, las cuales —según dijo— “definitivamente ya deberían cerrarse”.

El informe fue presentado este lunes por el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, junto al viceministro de Coordinación y Gestión Pública, Julio Linares, quienes detallaron el impacto económico que estas empresas han generado al Estado.

De acuerdo con Linares, EASBA recibió más de 1.800 millones de bolivianos en créditos, pero solo devolvió el 9% del monto, sin cumplir con el pago de capital ni intereses. Denunció que durante años se ampliaron reiteradamente los periodos de gracia con apoyo del Banco Central de Bolivia, evitando que la empresa figure como morosa.

Además de EASBA y Quipus, el Gobierno identificó a la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH), Yacana y Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) como parte del grupo de cinco empresas en quiebra técnica.

Camacho cuestionó que estas iniciativas hayan sido sostenidas por criterios ideológicos antes que económicos, y recordó que EASBA acumuló 13 años de periodos de gracia sin pagar su deuda. En el caso de Quipus, señaló que fue creada para acompañar actos políticos y competir con la industria tecnológica internacional sin viabilidad real.

Respecto a YLB, se informó que cerró la gestión 2024 con pérdidas de 196 millones de bolivianos, mientras que otras plantas estatales sumaron resultados negativos. En total, las empresas evaluadas generaron 542 millones de bolivianos en pérdidas el último año.

El Gobierno anunció que se iniciarán auditorías para identificar a los responsables de la ampliación irregular de plazos, ocultamiento de deudas y manipulación de cifras. Asimismo, advirtió que existen empresas “zombies” con patrimonio negativo, para las cuales se requieren 697 millones de bolivianos solo para cumplir obligaciones básicas.