Una sala del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el recurso de inconstitucionalidad contra la controvertida disposición séptima del Presupuesto General del Estado 2025, que faculta acciones de confiscación y decomiso en la cadena de comercialización de alimentos. El tribunal suspendió su aplicación de manera provisional hasta que se dicte una sentencia definitiva.
Foto: Archivo TCP
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió la acción de inconstitucionalidad abstracta presentada contra la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, conocida como la “disposición confiscatoria”. Esta medida, lanzada por el Gobierno de Luis Arce, permite a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos en la cadena productiva de alimentos, con el fin de evitar el encarecimiento y la retención indebida de estos productos.
La decisión del TCP suspende de forma provisional la aplicación de los parágrafos I y II de dicha disposición hasta que se emita una sentencia final. Además, se prohibió el tratamiento de cualquier otra normativa relacionada con este tema hasta que el tribunal resuelva el caso. La medida ha generado rechazo en varios sectores productivos y de suministro, que la consideran una amenaza para las actividades legales en el sector alimentario.
El recurso fue presentado por el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Antonio Roca. Según la resolución, el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, será notificado para presentar los alegatos correspondientes. Mientras tanto, el Comité Multisectorial, que organiza movilizaciones contra la medida, ha convocado a una marcha desde Patacamaya hacia La Paz, programada para el 18 de marzo.
El Gobierno, por su parte, defendió la disposición como una medida contra el “contrabando a la inversa”, asegurando que no se aplicará hasta que se logre un consenso en la redacción del reglamento correspondiente.
