Un contrato entre YPFB y Botrading revela un préstamo de 80 millones de dólares con condiciones preferenciales, destinado exclusivamente a operaciones comerciales. El acuerdo genera polémica por presuntas irregularidades y falta de respaldo económico de la empresa beneficiada.
El contrato de préstamo firmado entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la intermediaria Botrading estipula una tasa de interés anual del 1%, con un plazo de diez años y un año de gracia incluido. La suma total asciende a 80 millones de dólares, según documentos presentados por el diputado Carlos Alarcón, quien denunció presuntas irregularidades en la operación.
El préstamo, que debía ser destinado exclusivamente a inversiones en operaciones comerciales de Botrading, fue otorgado en tres tramos: inicialmente 18 millones de dólares en febrero de 2023, ampliado a 58 millones en mayo del mismo año, y finalmente elevado a 80 millones mediante una resolución de abril de 2024.
El contrato prohíbe expresamente que estos fondos sean usados para otros fines, salvo autorización escrita. Además, se contempla un interés por mora del 0,5% anual, junto con un cronograma de pagos que la empresa debe cumplir sin retrasos.
Eduardo Saucedo, representante de YPFB Refinación, defendió el préstamo afirmando que es una práctica común entre grandes empresas del sector, y aseguró que “en algún momento ese préstamo se pagará con las utilidades generadas”.
Sin embargo, el diputado Alarcón calificó a Botrading como una “sociedad simulada”, argumentando que con un capital social de apenas $us 46.500, recibió contratos por cerca de 150 millones de dólares en menos de tres meses desde su vinculación con YPFB.
También reveló que Botrading constituyó un fideicomiso por casi nueve millones de dólares y realizó pagos por “servicios integrales” a su accionista mayoritario, YPFB Refinación, por un monto de ocho millones de dólares, cuestionando su rol como simple revendedor de combustible.
La polémica sigue escalando mientras crecen las dudas sobre el manejo de recursos públicos y la legalidad de las contrataciones realizadas.
