El presidente de Chile, José Antonio Kast, firmó sus seis primeros decretos tras asumir el cargo, entre ellos el “Plan Escudo Fronterizo”, una estrategia que contempla barreras físicas en zonas limítrofes y mayor presencia militar en la frontera norte para frenar la migración irregular.

El mandatario chileno José Antonio Kast firmó este miércoles seis decretos presidenciales en una ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, marcando sus primeras decisiones de gobierno centradas en seguridad fronteriza, control administrativo y reactivación de inversiones.

La medida más relevante es la implementación del denominado “Plan Escudo Fronterizo”, que instruye a los ministerios de Defensa e Interior a impulsar modificaciones legales para desincentivar la migración irregular. Entre las acciones contempladas se encuentran la construcción de barreras físicas en sectores críticos de la frontera, además de ajustes en las normas sobre el uso de la fuerza para reforzar el control del ingreso clandestino al país.

Este plan se alinea con declaraciones previas del presidente, quien ha planteado tipificar el ingreso irregular como delito dentro de la legislación chilena.

En la misma línea, Kast firmó un segundo decreto denominado “Política Nacional de Cierre Fronterizo”, que ordena aumentar la presencia militar en la frontera norte del país. La iniciativa también contempla el uso de drones, sensores optrónicos y mejoras en los sistemas de comunicación para fortalecer la vigilancia territorial.

Durante su primer discurso oficial desde La Moneda, el mandatario aseguró haber recibido el país en condiciones más complejas de lo esperado y denunció la existencia de una supuesta corrupción sistemática en la administración pública, aunque sin presentar pruebas en ese momento.

En ese contexto, firmó además un decreto de “Auditoría total”, que instruye revisar todos los ministerios e instituciones estatales con el objetivo de detectar posibles irregularidades y establecer mecanismos de control y transparencia.

Otro de los decretos busca eliminar la denominada “permisología”, término utilizado por el gobierno y sectores empresariales para referirse a la excesiva burocracia en la tramitación de permisos. Según el Ejecutivo, la medida permitirá resolver 51 reclamaciones administrativas pendientes, que actualmente mantienen bloqueadas inversiones estimadas en 16.000 millones de dólares.

Finalmente, entre las primeras disposiciones también se incluyen acciones orientadas a impulsar la reconstrucción de zonas afectadas por recientes incendios forestales en el país.