La Procuraduría General del Estado amplió las investigaciones del caso Botrading e impulsó dos nuevas denuncias penales, luego de detectar que $us 55 millones de un crédito estatal otorgado a la subsidiaria de YPFB no cuentan con respaldo ni destino identificado.
La Procuraduría General del Estado anunció la presentación de dos nuevas acciones penales relacionadas con el caso Botrading, tras evidenciar irregularidades en el uso de un préstamo estatal de $us 80 millones, del cual $us 55 millones no tienen justificación documental.
El procurador general, Hugo César León, explicó que la primera denuncia corresponde a la ampliación del denominado “Caso Botrading I”, que investiga 12 contratos administrativos suscritos entre Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y su filial Botrading. En esta etapa, se formaliza la acusación contra nueve personas, ya identificadas por el Ministerio Público.
La segunda acción penal, denominada “Caso Botrading II”, será presentada en la ciudad de Santa Cruz por el presidente de YPFB y se enfoca en nuevos hechos relacionados con el crédito estatal otorgado para la compra de combustibles. De acuerdo con la información oficial, solo se pudo rastrear el uso de $us 25 millones, mientras que el resto permanece sin explicación.
El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, señaló que el daño económico del Caso Botrading I asciende aproximadamente a medio millón de dólares, mientras que el segundo proceso revela un movimiento financiero de gran escala, actualmente bajo investigación.
Las autoridades no descartaron que las responsabilidades penales se amplíen e incluyan a exautoridades y miembros de directorios que autorizaron las operaciones de la empresa desde Paraguay. En ese contexto, el Estado activó mecanismos de cooperación internacional para ubicar al expresidente de YPFB, Armin Dorgathen, quien habría salido del país.
