El diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana, aseguró que la intermediaria Botrading causó un perjuicio de al menos 355 millones de dólares al Estado boliviano. La comisión legislativa que investigó el caso detectó indicios de cinco delitos y derivó el informe a la Fiscalía y a la Presidencia.

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, afirmó que la empresa intermediaria Botrading, que opera en la importación de combustibles para YPFB, generó un daño económico al Estado que supera los 355 millones de dólares.

“Botrading se ha convertido en sí misma en un daño económico real y potencial para el país”, señaló Alarcón en una entrevista con Visión 360, tras la conclusión del trabajo de una comisión legislativa que investigó el caso durante 60 días.

La investigación —cuyo informe fue remitido tanto a la Fiscalía como a la Presidencia— identificó dos grupos de irregularidades que se traducen en indicios concluyentes de cinco delitos: daño económico al Estado, constitución de sociedades ficticias, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica.

Alarcón sostuvo que la estructura creada alrededor de Botrading fue diseñada para beneficiar a un reducido grupo de funcionarios y que su operación como intermediaria encareció la adquisición de carburantes, afectando al país en un contexto de escasez y filas en surtidores.

Entre los implicados, mencionó a altas autoridades de YPFB, como su presidente Armin Dorgathen, exgerentes y funcionarios, así como al exgerente de refinación y expresidente de Botrading, Omar Alarcón Saigua, quien tras dejar la empresa fue designado presidente de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). También apuntó contra el presidente Luis Arce, a quien acusó de inacción ante los hallazgos del informe.

“El Presidente ya tiene el informe y no ha hecho absolutamente nada. Ni ha destituido a los implicados, ni ha disuelto Botrading. Eso demuestra que tiene un interés evidente en este esquema”, denunció Alarcón.

Asimismo, criticó los argumentos de YPFB que justificaban el uso de Botrading como una necesidad para competir con grandes traders internacionales. “Eso es falso. YPFB ha comprado durante años sin intermediarios. Esta empresa solo sirvió para desviar fondos públicos mediante contratos irregulares”, remarcó.

Finalmente, el legislador consideró que el próximo Gobierno deberá desmontar toda la estructura que permitió la operación de Botrading y ejecutar procesos judiciales y civiles para intentar recuperar al menos una parte del daño económico.