La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que obliga a los candidatos a participar en debates públicos. Aquellos que no asistan podrían perder los recursos del Estado destinados a la propaganda electoral, lo que busca fomentar una democracia más informada y transparente para las elecciones presidenciales de 2025.
La Cámara de Diputados aprobó por mayoría, en la Comisión de Constitución, un proyecto de ley que establece la obligatoriedad de los debates electorales públicos de cara a las elecciones presidenciales de 2025. De acuerdo con la normativa, los candidatos que decidan no participar en estas discusiones públicas podrían ser sancionados con la pérdida de los recursos estatales destinados a financiar sus campañas, lo que incluye el fortalecimiento público para los partidos políticos, con una posible sanción de hasta cinco años.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, explicó que esta medida busca garantizar que los votantes tengan acceso a las propuestas de los candidatos y puedan hacer una elección más informada. “La finalidad es asegurar que la ciudadanía conozca y analice las propuestas de los candidatos en sus programas de gobierno,” destacó Tahuichi.
Este proyecto de ley, parte del compromiso alcanzado en el tercer encuentro multipartidario organizado por el TSE en febrero de 2025, se incorpora en la Ley 026 del Órgano Electoral, modificando la legislación para incluir la obligatoriedad del debate público para las elecciones presidenciales, vicepresidenciales, y otros cargos políticos en Bolivia.
La presidenta de la Comisión de Constitución, Olivia Guachalla, informó que el proyecto pasó al pleno de la Asamblea Legislativa para su respectivo debate. Además, destacó que otros proyectos relacionados con la reforma electoral también están en proceso, como la ley de equidad y paridad de género.
Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Alberto Astorga, señaló que el proyecto de ley sobre los debates es crucial para evitar fraudes en las elecciones y para garantizar una mayor transparencia en el proceso electoral, recordando casos del pasado en los que algunos candidatos evitaron debatir.