La Defensoría del Pueblo expresó su rechazo a las amenazas contra vocales del Tribunal Supremo Electoral y exhortó a los sectores movilizados a encauzar sus acciones por vías legales y democráticas.

En un pronunciamiento emitido este viernes, la Defensoría del Pueblo condenó de manera enfática las amenazas y el hostigamiento dirigidos a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por parte de sectores sociales afines al expresidente Evo Morales, quienes han iniciado una serie de protestas con el objetivo de forzar su inscripción como candidato presidencial.

“La Defensoría del Pueblo rechaza enfáticamente cualquier acto de amenaza a la integridad de cualquier persona, así como el hostigamiento a autoridades del Órgano Electoral, y exhorta a los sectores movilizados a alinear su accionar a las vías legales y democráticas, respetando la institucionalidad e independencia de los órganos del poder público”, señala el comunicado oficial de la institución.

El posicionamiento se da en medio de una creciente tensión política y social, agravada por el contexto económico y el inicio no oficial del ciclo electoral de cara a los comicios de 2025. La entidad también manifestó su “máxima preocupación por la escalada de discursos beligerantes” que se han difundido en las movilizaciones recientes, particularmente aquellas organizadas por el ala radical del Movimiento al Socialismo (MAS), conocido como el bloque “evista”.

Durante las últimas jornadas, distintos dirigentes y manifestantes han lanzado advertencias públicas dirigidas a vocales del TSE, incluyendo amenazas de revelar la identidad de sus familiares y de tomar acciones contra sus domicilios. Esta presión se suma a las intimidaciones previas contra policías y militares, todo ello en un esfuerzo por revertir la inhabilitación de Morales como candidato, pese a que el plazo para la inscripción ya concluyó y existen dos sentencias constitucionales que le impiden una nueva postulación.

“La amenaza a la integridad física de otra persona, así como el intento de obstaculizar el cumplimiento de funciones públicas, están reñidas con la legislación boliviana”, advirtió la Defensoría, citando el artículo 14.1 de la Ley N.º 870, que establece el marco normativo de su accionar.

La entidad adelantó que continuará con el monitoreo permanente del proceso electoral y se comprometió a fomentar espacios de reflexión e intercambio de ideas sobre el ejercicio de los derechos políticos en Bolivia. Asimismo, reiteró al Estado su deber de garantizar el pleno ejercicio de estos derechos para consolidar el sistema democrático.