Una coalición de víctimas y activistas presentó ante un tribunal federal de Florida una demanda en la que se acusa a los gobiernos de Bolivia, Venezuela y Cuba de organizar una red estatal criminal que conjuga narcotráfico, corrupción y represión. El escrito también apunta a altos funcionarios de EE. UU. por supuesta negligencia.
Una demanda presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida señala que los gobiernos de Bolivia, Cuba y Venezuela operan una estructura criminal estatal que integra narcotráfico, corrupción, torturas y persecución política.
El caso, identificado como “J. Doe v. Rubio, et al.”, describe al Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia como el epicentro de esta red —denominada “Bolivarian Joint Criminal Enterprise (BJCE)”— que, según los demandantes, coordina la producción, distribución y encubrimiento de operaciones ilícitas dentro del Estado.
En la acusación, se detalla que Bolivia habría sido el nodo de producción y distribución de cocaína bajo el amparo estatal de los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. Venezuela habría actuado como puente logístico, financiero y político, con la supuesta implicación del Cartel de los Soles, mientras que Cuba habría funcionado como centro de inteligencia, entrenamiento y coordinación estratégica.
La demanda también involucra a funcionarios estadounidenses —el secretario de Estado, el fiscal general y el director del FBI— por supuesta negligencia y omisión deliberada en la supervisión de estas actividades.
Si la Corte de Florida acepta la demanda, el caso podría tener implicaciones diplomáticas profundas y reconfigurar la relación de EE. UU. con los regímenes señalados.
Hasta el momento de redactar esta nota, el MAS y las autoridades bolivianas no han emitido declaraciones oficiales al respecto.
