La Cámara Nacional de Industrias (CNI) rechazó la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), advirtiendo que podría afectar a más de 700 mil trabajadores fabriles y frenar inversiones en Bolivia.
Los industriales bolivianos manifestaron su preocupación por la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), calificándola de arbitraria y riesgosa para la estabilidad económica del país. Según Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), esta normativa es discrecional y podría aplicarse de forma extorsiva, generando incertidumbre que desalienta la inversión.
Camacho recordó que en diciembre la CNI, junto a otras cámaras departamentales, ya había expresado su rechazo. “Bolivia necesita certidumbre y tranquilidad. Nuestro objetivo es trabajar y aportar al desarrollo del país”, afirmó.
El presidente de la CNI destacó que el sector industrial, que aporta el 17% al Producto Interno Bruto (PIB), ya está sujeto a normas vigentes. Criticó la creación de nuevas regulaciones que afectarían a más de 700 mil trabajadores fabriles y a sus familias, sumando alrededor de 2,5 millones de personas.
Asimismo, Camacho subrayó la necesidad de fortalecer la lucha contra el contrabando, al que calificó como un crimen organizado que opera sin control en las fronteras. “Se requieren más efectivos y logística para frenar este delito. No debemos cargar la responsabilidad sobre el industrial formal”, agregó.
Finalmente, hizo un llamado al presidente Luis Arce y a la Asamblea Legislativa para derogar la disposición séptima, apelando a dejar de lado colores e ideologías políticas para garantizar seguridad jurídica y promover el desarrollo económico.