El expresidente Evo Morales cuestionó la posibilidad de designar magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) mediante una ley, calificando esa opción de «antidemocrática e inconstitucional». Sin embargo, el debate surge en medio de cuestionamientos porque en 2010, durante su administración, también recurrió a una designación transitoria de autoridades judiciales.

El expresidente Evo Morales criticó la posibilidad de que se designe por ley a magistrados interinos para cubrir las vacancias existentes en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

A través de sus redes sociales, el exmandatario afirmó que ese mecanismo sería «antidemocrático e inconstitucional», al considerar que impediría que la ciudadanía elija mediante voto a las máximas autoridades del Órgano Judicial, como establece la Constitución Política del Estado.

Morales también sostuvo que una designación legislativa representaría un retorno al denominado «cuoteo político», cuestionando al Gobierno del presidente Rodrigo Paz por una supuesta intención de impulsar esa alternativa.

No obstante, la polémica se produce porque durante su gestión, en 2010, el entonces presidente Evo Morales designó de manera transitoria a 18 autoridades judiciales mediante un decreto, antes de la realización de las primeras elecciones judiciales en Bolivia.

En paralelo, el viceministro de Coordinación Legislativa, Wilson Santamaría, descartó que el Gobierno haya presentado un proyecto de ley para autorizar al presidente a nombrar magistrados. Explicó que actualmente existen varias iniciativas legislativas impulsadas desde la Asamblea Legislativa con diferentes propuestas para cubrir las vacancias judiciales.

Por su parte, el expresidente Jorge «Tuto» Quiroga también rechazó la propuesta que plantea la designación de magistrados por parte del Ejecutivo y recordó las designaciones realizadas durante la administración de Morales, señalando que ese tipo de mecanismos vulneran los principios constitucionales.

El debate sobre la renovación de autoridades judiciales continúa en medio de la discusión de distintos proyectos legislativos que buscan resolver las vacancias existentes en las altas cortes del país.