El Ministerio Público dio curso a la denuncia presentada por dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional contra los jueces que extendieron su mandato, habilitando una investigación penal por falsedad ideológica y acoso político.
La Fiscalía de Chuquisaca aceptó este viernes la denuncia presentada por las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Verónica Prudencio y Amalia Laura Villca, en contra de los jueces que continuaron en sus cargos pese a la ampliación indefinida de su mandato.
Las denunciantes acusan a los llamados “autoprorrogados” de cometer el delito de falsedad ideológica, señalando que su resolución vulneró la Constitución Política del Estado y permitió la prolongación “irregular” de funciones que debieron concluir en 2023.
De acuerdo con la resolución fiscal citada por Correo del Sur y confirmada por la magistrada Villca, el caso fue asignado a un fiscal especializado para iniciar la investigación preliminar por acoso político contra mujeres y falsedad ideológica.
Procesamiento por la vía ordinaria
La determinación implica que los magistrados mencionados serán investigados mediante el procedimiento penal común y no mediante un juicio de responsabilidades, como suele aplicarse a altas autoridades judiciales.
La fiscal Jhenny Torrico Delgadillo instruyó al Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Violencia contra la Mujer del Tribunal Departamental de Chuquisaca dar inicio formal a la investigación. Los denunciados son: Gonzalo Miguel Hurtado Zambrano, René Iván Espada Navia, Karem Lorena Gallardo Sejas, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo Gallardo.
Tras subsanarse las observaciones iniciales, la Fiscalía activó la indagación preliminar que estará a cargo de la Policía Boliviana, con el objetivo de esclarecer la posible comisión de los delitos mencionados. La resolución remarca que el Ministerio Público buscará establecer “la verdad histórica y material” de los hechos.
La denuncia fue presentada el 12 de noviembre de 2025 por las magistradas electas en los comicios judiciales de diciembre de 2024, dando paso a un nuevo capítulo en la controversia por la ampliación de mandatos dentro del TCP.
