Gobernadores de Bolivia fijaron un plazo hasta el 31 de octubre para que el Gobierno responda a una agenda de demandas que incluye compensaciones por el incremento del precio del diésel y avances en la redistribución de recursos bajo el modelo 50/50 desde 2027.
Las gobernaciones elevaron la presión sobre el Gobierno nacional. Tras una reunión realizada este jueves 24 de septiembre en Santa Cruz, autoridades departamentales se declararon en estado de alerta y establecieron como fecha límite el 31 de octubre de 2026 para obtener respuestas a sus principales demandas económicas.
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, fue el encargado de comunicar las conclusiones del encuentro y señaló que uno de los puntos centrales es avanzar en la denominada agenda 50/50.
Las autoridades departamentales plantean que desde el Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 las gobernaciones participen de la coparticipación tributaria, sin reducir los recursos correspondientes a municipios, autonomías indígena originario campesinas ni universidades públicas.
El nuevo precio del diésel entra en las demandas
Otro de los puntos centrales está relacionado con el impacto del nuevo precio del diésel sobre las finanzas departamentales.
Las gobernaciones señalaron que sus presupuestos para 2026 fueron elaborados considerando un precio menor del carburante y que el cambio posterior generó gastos que no estaban contemplados para el funcionamiento de maquinaria, mantenimiento vial, servicios de salud y otras competencias departamentales.
Ante este escenario, solicitaron transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación (TGN) que permitan compensar la diferencia generada por el incremento del combustible.
También plantearon habilitar modificaciones presupuestarias excepcionales para cubrir el mayor gasto sin que estos recursos sean contabilizados dentro de los límites de funcionamiento de las gobernaciones.
¿Qué más están pidiendo?
La agenda incluye además la reprogramación de deudas de los gobiernos departamentales, la devolución del 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) correspondiente al Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera y la activación de mecanismos financieros destinados a aliviar la situación de las gobernaciones.
Las autoridades también plantearon eliminar obligaciones económicas que consideran que deberían ser asumidas por el nivel central, entre ellas el financiamiento relacionado con la emisión de títulos de bachiller.
Plazo hasta el 31 de octubre
Las gobernaciones fijaron el 31 de octubre como fecha límite para que el nivel central atienda los puntos planteados.
“Los gobernadores y gobernadoras de Bolivia nos declaramos en estado de alerta”, señaló Velasco al leer las conclusiones del encuentro.
La reunión se desarrolló en Santa Cruz y contó con la presencia de autoridades departamentales de distintas regiones del país, en momentos en que el nuevo régimen del diésel y la distribución de recursos concentran parte del debate entre los gobiernos subnacionales y el Ejecutivo.
