Una Sala Constitucional de Santa Cruz determinó que el vicepresidente Edmand Lara vulneró derechos fundamentales del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y de su hermano, al difundir declaraciones en redes sociales sin respaldo oficial, por lo que ordenó eliminar los contenidos y exhortó a regular la comunicación institucional.

La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz concedió una acción de protección de privacidad a favor del ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y de su hermano Diego Andrés Justiniano Pinto, tras considerar que declaraciones del vicepresidente Edmand Lara difundidas en redes sociales afectaron su honra, reputación y dignidad.

Durante la audiencia, el vocal Alain Núñez sostuvo que las expresiones publicadas por la autoridad vulneraron derechos fundamentales, motivo por el cual correspondía otorgar la tutela solicitada. En la misma línea, la vocal Carla García enfatizó la responsabilidad que tienen las autoridades públicas en el uso de plataformas digitales, debido al impacto que pueden generar sobre la imagen y la vida privada de las personas.

Como parte de la resolución, el tribunal dispuso que el vicepresidente elimine de sus cuentas personales todos los videos y publicaciones en los que se hace referencia directa al ministro y a su hermano. La Sala aclaró que la medida alcanza únicamente a los perfiles administrados por Lara y no a cuentas de terceros que hayan replicado el contenido.

Durante la audiencia, la defensa de la Vicepresidencia señaló la existencia de cuentas no oficiales que comparten publicaciones del vicepresidente; sin embargo, los magistrados precisaron que la orden se limita estrictamente a los perfiles bajo control directo del demandado.

Asimismo, la Sala Constitucional exhortó a la Vicepresidencia del Estado a elaborar un protocolo para la emisión de declaraciones públicas y el uso de redes sociales institucionales, con el objetivo de prevenir vulneraciones a los derechos a la dignidad, la honra y la información personal.

La acción constitucional fue presentada luego de que el vicepresidente Lara vinculara públicamente al ministro Justiniano y a su hermano con un cargamento de madera contaminada con cocaína incautado en Chile, afirmaciones que, según los demandantes, se basaron en versiones difundidas en redes sociales y carecían de sustento oficial.

Este recurso constitucional busca proteger la intimidad, la vida privada y la imagen personal y familiar frente a la difusión de información no verificada o sin consentimiento.