El vicepresidente Edmand Lara aseguró que no tiene control sobre la cuenta desde la cual se difundieron los videos que la Justicia ordenó borrar y que involucran al ministro Óscar Justiniano y a su hermano. La aclaración surge en medio de un fallo que le exige retirar ese contenido de sus redes sociales por vulnerar derechos de privacidad.

El vicepresidente del Estado, Edmand Lara, afirmó este viernes que no es responsable de la administración de la cuenta en la que se compartieron los videos que la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz le ordenó eliminar, luego de una acción de protección por violación de privacidad presentada por el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, y su hermano.

Lara explicó que la orden judicial se aplica a las cuentas a las que él tiene acceso, y en ninguna de ellas existe el material señalado por los demandantes. “No sé a quién pertenece esa cuenta donde está ese video, no puedo hacer nada lamentablemente, así que esos videos van a seguir ahí”, declaró el mandatario.

El fallo emitido por la Sala Constitucional determinó que las publicaciones del vicepresidente vulneraron la honra, reputación y dignidad de Justiniano y su hermano, por lo que dispuso la eliminación de los contenidos desde las cuentas personales que pertenecen al propio Lara. Además, el tribunal exhortó a la Vicepresidencia a elaborar protocolos para regular el uso de redes sociales institucionales y resguardar la dignidad de las personas involucradas en la comunicación pública.

En respuesta, Lara señaló que corresponde investigar y presentar acciones legales contra quienes administran las cuentas donde se replicó el video. Asimismo, aseguró que el objetivo del proceso fue “silenciarlo”. El vicepresidente atribuyó el resultado de la audiencia a presiones internas, aunque afirmó que no dejará de expresarse públicamente.

La acción constitucional surgió después de que Lara vinculara en redes sociales al ministro Justiniano y a su hermano con un cargamento de madera impregnada con cocaína incautado en Chile, declaraciones que fueron cuestionadas por los demandantes por carecer de sustento oficial.