Legisladores de las bancadas de Libre y del PDC expresaron su rechazo a la decisión judicial que permitió a la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, afrontar el proceso en libertad con medidas sustitutivas. Además, pidieron al Ministerio Público continuar con las investigaciones para esclarecer su presunta participación en los hechos que motivaron su aprehensión.

La determinación judicial de otorgar medidas sustitutivas a la exministra de Culturas y exconcejal de El Alto, Wilma Alanoca, generó críticas por parte de legisladores de las bancadas de Libre y del Partido Demócrata Cristiano (PDC), quienes demandaron que la investigación continúe hasta esclarecer los hechos.

La senadora Elena Pachacute, de Libre, manifestó que la decisión afecta la credibilidad del sistema judicial y sostuvo que la justicia debe actuar con imparcialidad en este tipo de procesos.

Por su parte, la diputada Cecilia Vargas afirmó que las personas involucradas en bloqueos que ocasionen perjuicios al país deben responder ante la justicia y expresó su expectativa de que las autoridades sienten precedentes para evitar nuevos conflictos.

Alanoca fue aprehendida el 24 de junio en inmediaciones de la plaza Murillo y posteriormente imputada por la Fiscalía por los presuntos delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir. Sin embargo, un juez rechazó la solicitud de detención preventiva y dispuso que afronte el proceso en libertad con medidas sustitutivas, entre ellas arraigo nacional, presentación periódica ante la Fiscalía y la presentación de un garante solvente.

Desde el PDC, la diputada Catherine Pinto pidió que el Ministerio Público profundice las investigaciones para determinar responsabilidades y recordó antecedentes vinculados a otros hechos investigados.

En tanto, el diputado Daniel Fernández señaló que toda manifestación debe desarrollarse dentro del marco establecido por la Constitución Política del Estado, mientras que la diputada Claudia Bilbao cuestionó el funcionamiento del sistema judicial y consideró que aún persisten problemas estructurales en la administración de justicia.

El proceso penal contra la exautoridad continúa mientras la Fiscalía reúne nuevos elementos dentro de la investigación.