El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por presunta usurpación de funciones y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución. Además, solicitó activar alerta migratoria en su contra.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, formalizó este martes una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que, según la denuncia, continúan ejerciendo funciones pese a haber concluido su mandato el 31 de diciembre de 2023.

Los delitos señalados son usurpación de funciones y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, contemplados en los artículos 153 y 163 del Código Penal boliviano.

Los magistrados denunciados son: Gonzalo Hurtado, René Yván Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. Todos ellos permanecen en sus cargos tras una polémica decisión del TCP que permitió su autoprórroga, misma que impidió el cambio institucional dentro del sistema judicial, según explicó Saucedo.

El presidente del TSJ también solicitó al Ministerio Público que emita una alerta migratoria para evitar una posible fuga de las autoridades denunciadas.

En declaraciones recientes, Saucedo afirmó que estos magistrados “ya no gozan de legalidad ni legitimidad” y que deben renunciar de inmediato o esperar ser removidos por la ley de cesación de mandato, ya aprobada por el Senado y pendiente de revisión en la Cámara de Diputados.

“Bolivia debe recuperar su institucionalidad. No podemos permitir que un puñado de personas mantenga secuestrado el órgano judicial en contra de la voluntad constitucional”, afirmó Saucedo a través de sus redes sociales.

Frente a estas acusaciones, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, declaró que ellos se mantendrán en el cargo hasta que sean oficialmente reemplazados: “Nos mantendremos hasta que vengan nuestros reemplazos, conforme a lo que establece la Constitución”, aseguró.

En respaldo a la posición del TSJ, los presidentes del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental también exigieron la salida de las autoridades “autoprorrogadas”, señalando que su continuidad genera una grave afectación a la credibilidad del sistema judicial boliviano.