Claudia Castro, exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, fue beneficiada con detención domiciliaria en el marco del caso consorcio, aunque sin salida laboral y bajo custodia policial. Está acusada de tráfico de influencias por su presunto rol en la destitución irregular de una magistrada del TSJ.

La exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, obtuvo detención domiciliaria sin derecho a salida laboral ni a visitas, como parte del proceso judicial que enfrenta por su presunta participación en el denominado caso consorcio, relacionado con la destitución de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por razones políticas.

El Juzgado 17º de Instrucción Penal Anticorrupción de La Paz otorgó esta medida el pasado 26 de septiembre, durante una audiencia de cesación a la detención preventiva. Según la resolución, la decisión fue tomada debido a su delicado estado de salud.

Las condiciones impuestas incluyen:

• Arraigo y prohibición de salir del país.
• Pago de una fianza de 50.000 bolivianos.
• Registro biométrico en Fiscalía cada dos días.
• Prohibición de concurrir al lugar de los hechos investigados.
• Prohibición de contacto con otros imputados.

Castro ya se encontraba en un hospital bajo vigilancia policial, con uno de sus pies esposado a la cama, como medida para evitar una eventual fuga.

El caso consorcio involucra también al exministro de Justicia, César Siles, quien guarda detención domiciliaria. Ambos están acusados de formar parte de una estructura que, mediante influencias judiciales y políticas, habría orquestado la destitución de la magistrada Fanny Coaquira para beneficiar a su suplente, Iván Campero.

De los diez implicados en este caso, solo el juez Fernando Lea Plaza permanece detenido preventivamente en el penal de San Pedro.