El exministro de Economía José Luis Parada fue sentenciado a ocho años de prisión por autorizar un crédito del FMI sin el aval de la Asamblea Legislativa durante el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
El Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia Hacia la Mujer 6º de La Paz dictó una sentencia de ocho años de prisión contra el exministro de Economía y Finanzas Públicas, José Luis Parada Rivero, por haber gestionado un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), informó el procurador General del Estado, Ricardo Condori.
El fallo judicial fue resultado de un proceso iniciado por el Ministerio Público, a instancias del Banco Central de Bolivia (BCB), el Viceministerio de Transparencia Institucional y la Procuraduría General del Estado. Según Condori, esta sentencia representa un precedente importante en la defensa de los intereses del Estado boliviano.
Parada fue encontrado culpable de varios delitos: resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes (Art. 153), incumplimiento de deberes (Art. 154), contratos lesivos al Estado (Art. 221) y conducta antieconómica (Art. 224) del Código Penal.
El caso se remonta al 10 de abril de 2020, cuando Parada, junto al entonces presidente del BCB, Guillermo Aponte, firmó una carta de intención para solicitar al FMI un crédito de emergencia de 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), con el argumento de hacer frente a la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Posteriormente, el 20 de abril, ambas instituciones suscribieron un memorando de entendimiento sin la aprobación del Órgano Legislativo, lo cual fue considerado ilegal por las autoridades judiciales.
En el mismo fallo, se declaró rebeldes a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, sentenciado a 5 años de prisión, y a Walter Erik Guzmán Tordoya, condenado a 1 año. Por otro lado, fueron absueltos de toda responsabilidad penal Carlos Schlink Ruiz, Luis Armando Pinell Siles, Roger Banegas Rivero, José Gabriel Espinoza Yáñez y Erwin Walter Morales Carrasco.
“La sentencia reafirma nuestro compromiso incansable en la protección de la soberanía y el patrimonio del Estado boliviano”, aseguró el procurador Condori.
