La criminóloga Gabriela Reyes advirtió que Santa Cruz se ha convertido en un centro logístico para el tráfico de drogas en la región, y reveló que al menos 146 miembros del Primer Comando Capital (PCC) estarían operando en Bolivia sin que existan detenidos o investigaciones abiertas.
La reconocida criminóloga Gabriela Reyes encendió las alarmas sobre la actividad del crimen organizado en Bolivia, al afirmar que Santa Cruz se ha transformado en un “hub logístico” para el tráfico internacional de drogas. La advertencia llega luego de que se denunciara la presencia de Sérgio Luiz de Freitas Filho, miembro de alto rango del Primer Comando Capital (PCC), en la capital cruceña.
“Santa Cruz es estratégica para el narcotráfico. Aquí se acopia la cocaína que viene del Chapare, Beni y los valles cruceños, y desde este punto se distribuye a otros países, ya sea por aire o vía terrestre”, declaró Reyes en una entrevista con la red Unitel.
La experta señaló que el caso de las caletas encontradas en un hangar en Warnes —ligado al crimen de Lorgio Saucedo— confirma que la ciudad funciona como un centro de operaciones logísticas del narcotráfico regional.
Reyes denunció que actualmente existirían 146 miembros del PCC operando en territorio boliviano, sin que hasta ahora se haya realizado una sola detención o investigación formal. “Es preocupante que tengamos que enterarnos por medios brasileños dónde viven estos delincuentes en Bolivia”, sostuvo, exigiendo explicaciones de parte de la Dirección de Migración e Interpol.
Freitas Filho, conocido como “Mijão”, es señalado como uno de los principales capos del PCC, a la par de “Tuta”, quien fue capturado en mayo también en Santa Cruz mientras gestionaba un documento de identidad falso. Ambos estarían directamente bajo órdenes de Marcola, líder supremo de la organización criminal.
Una reciente investigación de la cadena Globo de Brasil reveló que Freitas vive en Santa Cruz desde hace al menos una década, utilizando identidades falsas y moviéndose entre lujosas mansiones, a pesar de contar con notificación roja de Interpol.
Hasta el momento, las autoridades bolivianas no han emitido un pronunciamiento oficial sobre la denuncia.
