El Ministerio de Gobierno informó que el expresidente de YPFB, Yussef Akly, habría abandonado el país presuntamente vulnerando la Ley 1352, que obliga a exautoridades a permanecer seis meses en territorio nacional tras concluir sus funciones. La Dirección General de Migración inició una investigación para esclarecer el caso.
El Gobierno nacional abrió una investigación luego de que el expresidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly Flores, presuntamente saliera del país incumpliendo la normativa vigente para exautoridades del Estado.
La información fue confirmada este viernes mediante un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Gobierno, que señaló que Akly habría vulnerado la Ley N.º 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales.
De acuerdo con la normativa, toda autoridad que deja el cargo debe permanecer en Bolivia durante un periodo de seis meses con el objetivo de garantizar su disponibilidad ante posibles auditorías, procesos de fiscalización, investigaciones o requerimientos de rendición de cuentas relacionados con su gestión pública.
Ante esta situación, el Ministerio de Gobierno instruyó a la Dirección General de Migración iniciar una investigación exhaustiva para determinar cómo se produjo la salida del exejecutivo de YPFB y establecer posibles responsabilidades de funcionarios públicos que hubieran facilitado, permitido u omitido controles migratorios.
“El Gobierno Nacional será absolutamente firme en la aplicación de la ley y no tolerará ningún acto de encubrimiento, protección o utilización de influencias”, señala parte del comunicado oficial.
Asimismo, las autoridades remarcaron que no existirá trato preferencial para ningún exfuncionario y que el cumplimiento de la ley se aplicará con el mismo rigor para todas las personas involucradas.
Yussef Akly fue el primer presidente de YPFB durante la gestión del presidente Rodrigo Paz y en las últimas semanas fue señalado por algunos sectores del transporte como uno de los supuestos responsables de la gasolina desestabilizada en el país.
